En círculos eclesiásticos y educativos católicos algunas personas me atribuyen la paternidad de la idea de la nueva asignatura de la Educación para la ciudadanía. Es totalmente incierto, aunque es verdad que siempre he defendido esa perspectiva y muchas veces he recordado que cuando mi padre estudiaba el bachillerato, en los años veinte del siglo pasado, cursó una asignatura que se llamaba entonces "Rudimentos de Ética y Derecho". Su impulsor fue el profesor Verdes Montenegro, que tenía un libro sobre el tema que no he podido consultar. Seguramente, la aseveración de mi paternidad en el tema deriva de la deducción interesada de estos antecedentes. Me gustaría haber influido en ese nacimiento concreto, pero lo cierto es que no he participado en él y que tampoco me han preguntado por posibles contenidos.

Cuando se ponga en marcha, sin duda podremos contribuir a la formación de profesores desde el Instituto "Bartolomé de las Casas", que dirige el profesor Rafael de Asís y cuyo profesorado tiene mucha experiencia en los temas que suponen el contenido de la asignatura.

En otro artículo, "Las luces y las sombras", indiqué el origen intelectual de la pretensión de la Iglesia católica de monopolio en la formación en valores. Estamos ante un residuo que se acabó en el siglo XVIII y que en algunos casos se prolongó en el siglo XIX. España fue la excepción y se puede decir que, con la dictadura franquista, la presencia predominante de la Iglesia en la educación permaneció hasta la transición. La Constitución de 1978 no tuvo una reacción contra ese modelo, sino que lo racionalizó, lo favoreció y lo impulsó desde el derecho fundamental a la libertad de enseñanza. Por primera vez los colegios privados pudieron ser subvencionados para concertarse en apoyo de la enseñanza pública. Pero es sabido que la Iglesia-institución no se conformó con eso, sino que en las Comunidades Autónomas con Gobierno del Partido Popular se hizo una interpretación extensiva y no sólo han subvencionado muchos centros privados, especialmente pertenecientes a grupos religiosos integristas, sino que les han regalado terrenos públicos para hacer más fácil su instalación. En muchas ocasiones esas situaciones se han producido en detrimento de la enseñanza pública, a la que se ha cargado con la honrosa tarea de educar a los hijos de los emigrantes. Muchos colegios religiosos, afortunadamente no todos, olvidaron algunos valores evangélicos y no colaboraron en la tarea. No quisieron afrontar las dificultades y las complicaciones de educar a niños y a niñas que procedían de unas culturas diferentes. Nada de esto ha sido suficiente y ahora se consideran con derecho a monopolizar los valores como si todos los ciudadanos fueran creyentes y no estuviéramos en un Estado aconfesional.

Mi propuesta parte de la competencia plena de las autoridades públicas para fijar esos contenidos mínimos de la educación para la ciudadanía.

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